En un evento significativo, expertos y académicos se reunieron en Madrid para debatir la creciente necesidad de una protección legal más robusta para las personas mayores. La discusión central giró en torno a la ampliación de los derechos de este grupo demográfico, abarcando no solo aspectos sociales, sino también civiles y políticos, con un fuerte énfasis en la erradicación del maltrato y la discriminación por edad.
La conferencia inaugural, impartida por el catedrático Rafael de Asís Roig, abordó la trascendencia de considerar los derechos de los adultos mayores como una cuestión fundamental de derechos humanos. Este encuentro, coorganizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba y la Fundación Gregorio Peces-Barba, se convirtió en una plataforma vital para la reflexión y visibilización de la situación actual y futura de los derechos de las personas mayores.
Uno de los puntos clave del debate fue la imperiosa necesidad de una convención internacional jurídicamente vinculante que salvaguarde los derechos de los adultos mayores. Se señaló que los marcos legales existentes son insuficientes y que una convención de las Naciones Unidas proporcionaría una estructura legal integral para combatir la discriminación por edad y promover un enfoque positivo hacia el envejecimiento. Los participantes destacaron la importancia de iniciativas como la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores como modelo a seguir.
Asimismo, se planteó la reforma del artículo 50 de la Constitución Española. Los ponentes argumentaron que la redacción actual, centrada principalmente en la asistencia y la protección social vinculada a la insuficiencia económica, no refleja adecuadamente la realidad demográfica actual de una población envejecida. Se propuso una ampliación del artículo para reconocer explícitamente el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas mayores, incluyendo la prohibición de cualquier forma de discriminación por edad y medidas específicas contra el maltrato y el abuso. Fernando Flores Giménez, catedrático de Derecho Constitucional, subrayó la importancia de garantizar derechos fundamentales como la salud, la vivienda y una vida digna e independiente.
Finalmente, se discutió la conveniencia de una ley estatal que articule y fortalezca la protección jurídica de las personas mayores. La jornada concluyó con un consenso sobre la urgencia de establecer un marco normativo más ambicioso y coherente que reconozca a los adultos mayores como titulares plenos de derechos, promoviendo su dignidad, autonomía y participación activa en la sociedad.