El gobierno español, a través del Ministerio de Consumo, ha intensificado sus esfuerzos para combatir el consumo de alimentos ultraprocesados mediante un nuevo decreto que regula su presencia en una amplia gama de instituciones estatales.
Este Real Decreto, próximo a su publicación, establece límites estrictos, permitiendo un máximo de dos raciones de ultraprocesados y frituras por semana en centros con pensión completa y régimen residencial, y una vez por semana en desayunos y meriendas. La regulación se extiende a todos los ámbitos públicos, desde universidades y museos hasta hospitales y centros deportivos, incluyendo también servicios de restauración en lugares de trabajo gubernamentales. Es crucial destacar que los alimentos ultraprocesados serán completamente eliminados de la dieta infantil en estos entornos. La normativa también abarca centros que atienden a individuos con dependencias o necesidades especiales, tales como instituciones sanitarias, residencias para ancianos, centros de apoyo a víctimas de violencia de género y centros de acogida para menores, demostrando un compromiso integral con la salud pública. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, subrayó la importancia de estas medidas en la reciente entrega de los Premios Estrategia NAOS, evento presidido por la Reina Letizia, quien enfatizó el papel fundamental de los comedores escolares en la prevención de la obesidad infantil, especialmente en comunidades de bajos ingresos. Según la clasificación NOVA, los ultraprocesados son definidos como productos industriales resultantes de la combinación de extractos alimentarios y aditivos químicos, colorantes, saborizantes y emulsionantes.
Adicionalmente, con el propósito de impulsar dietas más saludables y sostenibles, el Ministerio de Consumo asegurará que al menos el 80% de los productos ofrecidos en máquinas expendedoras sean nutritivos, y un 90% sean frutas y verduras frescas de temporada. Se incentivará la preparación de menús variados en las cocinas de los propios centros. Bustinduy criticó la paradoja de que la administración pública permitiese la prevalencia de opciones alimentarias poco saludables en sus instalaciones, y resaltó la necesidad de regular la publicidad de estos productos. La legislación también contempla la adaptación a requisitos dietéticos individuales, ya sean por razones médicas, éticas o religiosas, y la instalación de fuentes de agua potable gratuitas y accesibles. Este decreto complementa un reglamento anterior de abril de 2025 sobre comedores escolares, que garantiza cinco comidas saludables a la semana para los estudiantes, promoviendo el consumo diario de frutas y verduras frescas, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El ministro recalcó que los comedores son mucho más que lugares de alimentación, considerándolos espacios esenciales para inculcar hábitos saludables duraderos en los jóvenes.
La implementación de estas directrices no solo representa un avance significativo en la promoción de la salud y el bienestar en la sociedad española, sino que también establece un modelo a seguir en la lucha global contra la obesidad y las enfermedades asociadas, cultivando un futuro más saludable para todos.