La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha expresado una necesidad apremiante al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa: la aprobación de la Ley de Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Esta organización subraya la importancia de implementar políticas vinculantes que aseguren la total integración financiera de los ciudadanos de la tercera edad y aquellos con diversidad funcional. La PMP critica que, a pesar de casi tres años, la legislación destinada a salvaguardar a los usuarios financieros más vulnerables permanece inmovilizada en el Congreso. Retardar esta ley, según la Plataforma, perpetúa la desprotección y deniega un acceso rápido y sencillo a la justicia para quienes más lo requieren, evidenciando fallas en el sistema actual de reclamaciones con un aumento del 69% en 2024 y la desatención del 21% de las quejas por parte de las entidades.
Además, la PMP ha enfatizado que para asegurar la verdadera autonomía de las personas mayores y con discapacidad, es fundamental que todos los canales financieros, incluyendo aplicaciones móviles, sitios web, sucursales bancarias y cajeros automáticos, sean universalmente accesibles. Se han presentado datos que muestran la persistencia de barreras: un estudio de Fundación ONCE y Mastercard de 2025 reveló que el 54% de las personas con discapacidad visual en España enfrentan problemas al realizar pagos en comercios, y el 47% de los mayores de 65 años tienen dificultades con billetes y tarjetas. El Banco de España también ha confirmado que los canales presenciales y digitales no cumplen completamente con los requisitos de accesibilidad, y que los cajeros tienen hasta 2030 para adaptarse, dejando a muchos sin acceso pleno durante años. Ante esta situación, la PMP ha demandado la adecuación de todos los servicios a la normativa vigente, la implementación de protocolos de atención unificados, la formación obligatoria del personal y la creación de un "mapa nacional de servicios accesibles para la ciudadanía".
Finalmente, la Plataforma ha alertado sobre el creciente problema del fraude digital, con más de 464,000 ciberdelitos registrados en España en 2024, afectando desproporcionadamente a personas mayores y con discapacidad. Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, ha insistido en que la inclusión financiera, la accesibilidad y la protección contra el fraude no son meros aspectos técnicos, sino "principios de dignidad, derechos y justicia social". Ha concluido afirmando que proteger a este sector de la población es asegurar su derecho a una participación plena en la sociedad.
Garantizar la inclusión financiera es un pilar fundamental para construir una sociedad equitativa y justa. Es imperativo que las instituciones y los legisladores trabajen de manera proactiva para eliminar barreras y asegurar que cada individuo, sin importar su edad o condición, pueda acceder y gestionar sus recursos económicos con dignidad y seguridad. El compromiso con la accesibilidad y la protección de los más vulnerables refleja el verdadero progreso de una nación, promoviendo la autonomía y el bienestar colectivo.