La PMP urge a la igualdad de derechos y servicios para mayores en zonas rurales
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha emitido una enérgica llamada a la acción para que se garantice la equidad en los servicios y derechos de las personas mayores que viven en zonas rurales. La organización subraya la imperante necesidad de abordar esta disparidad, que ha transformado la ubicación geográfica en un verdadero obstáculo para la igualdad, dejando a numerosos municipios sin acceso a prestaciones fundamentales. Este reclamo surge de un debate organizado en colaboración con la agencia Servimedia, donde se puso de manifiesto la crítica situación que enfrentan miles de ciudadanos mayores en el campo.
Durante el evento titulado 'Personas mayores, derechos y servicios públicos en el medio rural', Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, enfatizó que la diferencia en la calidad de vida entre entornos urbanos y rurales se ha convertido en un problema significativo de igualdad. Destacó que, en las localidades con menos de 500 habitantes, la ausencia de atención médica periódica, transporte público y servicios sociales es una realidad alarmante. Además, la desaparición de sucursales bancarias y cajeros ha sumido a muchos ancianos en un aislamiento práctico y financiero, privándolos de los apoyos esenciales que un estado social debería proporcionar. Fernández también resaltó el papel crucial de las mujeres mayores en el sostenimiento de la vida comunitaria rural, supliendo a menudo las deficiencias de los servicios públicos.
En la misma línea, Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer y comisionada de la PMP para Mujeres Mayores y Mundo Rural, defendió que las áreas rurales son el 'motor de España', conservando la biodiversidad, la cultura y la seguridad alimentaria del país. Por ello, instó a la implementación de políticas públicas que reconozcan y protejan estos territorios a través de una tributación justa, viviendas accesibles, servicios sanitarios estables y una estrategia de cuidados profesionalizada.
Ángeles Marín, directora general de Políticas contra la Despoblación, reconoció la importancia de adaptar los servicios a las demandas actuales y mencionó los esfuerzos gubernamentales para establecer una nueva estrategia de equidad territorial. Aunque destacó los avances logrados mediante fondos europeos y programas para mejorar la calidad de vida en municipios pequeños, admitió que el desafío principal radica en asegurar que los recursos financieros lleguen efectivamente a las áreas más pequeñas y con menor capacidad administrativa.
Cristina Montalvá, representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), afirmó que la solución al envejecimiento en el ámbito rural solo será eficaz si se concibe desde el nivel local, donde se conocen las verdaderas necesidades de la población. Subrayó la vital coordinación entre ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para construir un modelo que garantice la igualdad en todo el territorio.
Retomando sus argumentos, Jesús Norberto Fernández sugirió que la comarcalización, la telemedicina, la teleasistencia avanzada y la domótica adaptada podrían ser soluciones clave. Estas innovaciones permitirían a las personas mayores mantener su independencia y su estilo de vida en sus propios hogares, evitando traslados no deseados a residencias. Insistió en que envejecer en el medio rural no debería implicar renunciar a derechos fundamentales y que, además, la atención a los mayores representa una oportunidad económica significativa. Este enfoque podría impulsar la rehabilitación de viviendas, fomentar la economía de los cuidados y generar empleo local, lo que a su vez contribuiría a fijar la población en estas áreas. La PMP concluye que el país debe ver el medio rural no solo como un reto, sino como una fuente inagotable de cohesión, sostenibilidad y bienestar para toda España, repleta de oportunidades.